Fuente: La Verdad
El Ministerio Público pide que se repita el juicio contra Francisco José Cano, pero su defensa sostiene que el veredicto es «intocable»
El caso del policía local de Ceutí, uno de los que más revuelo judicial ha causado en el último año, regresó ayer a los tribunales. Francisco José Cano, acusado de matar de un tiro en el pecho a un joven lituano en el transcurso de una patrulla en julio de 2007, volvió a la sala donde, el pasado mes de febrero, un jurado popular le absolvió. Sin embargo, esta decisión, que le devolvió la calma, pende ahora de un hilo.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) celebró ayer en Murcia la vista para estudiar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Francisco estuvo acompañado, en esta nueva comparecencia, de numerosos familiares y amigos que se acercaron al Palacio de Justicia. El jefe de la Policía Local de Ceutí, el sargento José Antonio Fernández, permaneció sentado a su lado durante toda la vista. Francisco siguió la vista y abandonó el juzgado con la misma prudencia que ha mostrado a lo largo de todo el proceso.
El fiscal Rafael Pita defendió su recurso a la decisión del jurado y tildó ésta de «desproporcionada y arbitraria». El representante del Ministerio Fiscal sostuvo la existencia de una contradicción en los hechos probados en la sentencia y se preguntó cuáles son los «verdaderos» motivos a los que atendió el jurado para declarar la 'no culpabilidad' del agente. «El veredicto no es más que una declaración puramente voluntarista efectuada por el jurado, al margen de un juicio y análisis racional de todas las pruebas practicadas», recalcó.
Según la acusación estatal, la actuación del agente local «fue totalmente desproporcionada, ya que tiene formación en el uso de armas, está capacitado para actuar en situaciones de este tipo e iba acompañado por otro agente». Por éstas, y otras muchas razones, el fiscal solicitó la revisión de la sentencia o, en el caso en que la Sala lo considere oportuno, volver a sentar a Francisco en el banquillo. Pide una condena de 10 años -un año menos que en sus conclusiones iniciales- por un delito de homicidio o una pena de cinco años en el caso de que se considere que actuó en legítima defensa.
¿Actuó en legítima defensa?
Una opción que niega rotundamente el letrado de su defensa, Manuel Martínez Ripoll. «El veredicto del jurado popular es inamovible e intocable», recalcó. «Si el jurado dijo inculpabilidad es inculpabilidad». El letrado aseguró, además, que el recurso del Ministerio Público deja entrever cierta desconfianza hacia la institución del jurado popular. «En otros países lo que decide un jurado popular no se recurre».
Martínez-Ripoll incidió en que Francisco actuó aquella noche en legítima defensa y recordó que cuando la víctima, el joven lituano Visvaldas Felmanis, se dirigió hacia el policía local «saltó de un palé de ladrillos y llevaba algo en la mano». Martínez-Ripoll asegura que «si algo era ilógico» es que la víctima recogiese una carpeta con documentación del palé -como posteriormente se demostró-. El letrado recordó, asimismo, que el veredicto de inculpabilidad de Francisco se aprobó por unanimidad.
Martínez-Ripoll no quiso incidir demasiado en el estado de ánimo de su cliente. «Imagínense lo que supone volver a estar pendientes otra vez de un hilo», reflexionó el letrado. «Pero no hay de que preocuparse porque estoy seguro de que la Sala va a desestimar este recurso». La Sala tiene ahora unos diez días para decidir si el letrado llevaba o no razón
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