Desnutrida, deshidratada y como un fantasma. Así llegó el jueves pasado al Morales Meseguer Inma Bermejo. Las trabajadoras sociales de Ceutí la habían recogido en su casa, y al ver su estado la llevaron inmediatamente al hospital. Llevaba meses prácticamente sin comer, bebiendo coca-cola y fumando sin parar. El domingo, Inma murió. Una infección respiratoria fue la puntilla final. Tenía solo 48 años, y el final de su vida es trágico. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Ceutí pidieron en enero que Inma ingresase en una residencia, porque creían que era la única forma de evitar -como se ha confirmado- este desenlace.
También la familia clamaba por esa ayuda. «Mi madre vivía en mi casa, pero no estaba en condiciones. Se negaba a comer, no quería tomarse la medicación. Yo se la daba y luego la encontraba en la basura», relata, impotente, su hija Inma, de 28 años. Las relaciones familiares eran malas, con problemas graves de desestructuración. No era el lugar adecuado para la madre.
La mujer tenía reconocida la Dependencia porque padecía una discapacidad física (sufría una siringomielia, una enfermedad degenerativa que afecta a la médula espinal), asociada a una enfermedad mental (probable esquizofrenia, según el último diagnóstico). En base a ello, el 10 de febrero la Oficina de la Dependencia le concedió una plaza de residencia, asegurando que «el servicio de atención residencial es la modalidad de intervención más adecuada de entre los servicios y prestaciones económicas previstas». El problema parecía, por fin, solucionado. Pero cuando los trabajadores sociales del Ayuntamiento quisieron ingresar a la mujer en el centro residencial San Pablo de Ceutí, se encontraron con que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) había anulado la decisión. El consejero, Joaquín Bascuñana, culpa a los servicios municipales de lo ocurrido, por pedir una plaza por discapacidad física, y no por enfermedad mental, y además en una residencia «que no es un psicogeriátrico y no puede atender a estas personas».
Otras alternativas
La directora de los servicios sociales municipales, Patricia Vicedo, subraya sin embargo que la petición de los servicios municipales es una propuesta, y que si la Consejería discrepaba de los criterios del Ayuntamiento podría haber optado por ofrecer una plaza en otra residencia, aunque no fuera en Ceutí, como ocurre en otros casos de la Ley de Dependencia. Por ejemplo, cuando en un municipio se agotan las plazas. Los técnicos municipales defienden que propusieron Ceutí para que fuese más fácil la integración de la mujer en el centro.
También se preguntan «por qué Política Social no resolvió al menos una ayuda a domicilio». Durante este tiempo, Inma ha contado con una auxiliar del Ayuntamiento, pero solo durante una hora diaria y al margen de la Ley de Dependencia. Los servicios municipales critican la actuación de la Consejería. Vicedo denuncia que se les sugirió que rompiesen la resolución de febrero emitida por la Oficina de la Dependencia. Respondió que no. Bascuñana insiste sin embargo en que no hubo otra opción que anular la resolución y esperar a que los servicios municipales elevasen una nueva petición específica de un psicogeriátrico, lo que, explica, no llegó hasta el 15 de abril.
Pero los problemas para encontrar residencia no fueron el único obstáculo a que se enfrentaron los trabajadores sociales. Aunque consiguieron que Inma aceptase entrar en la residencia de Ceutí, la enfermedad mental hacía de la voluntad de la paciente algo extremadamente voluble. Sobre todo tras la experiencia de febrero, la mujer se negó en redondo a entrar en un centro. Por eso, Vicedo pidió a los tribunales que declarasen la incapacidad de Inma Bermejo. Pero lo denegaron al menos en dos ocasiones. Tampoco consiguió que los psiquiatras prescribieran su ingreso en un hospital. Anticipó que Inma tendría este final. Pero fue como predicar en el desierto.
Nota: En la foto una habitación vacía. La hija de Inma, en la cama en la que dormía su madre, en su casa de Ceutí.
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) estaba buscando una plaza para Inma en una residencia especializada en personas dependientes con enfermedad mental, según explicó ayer la Consejería de Política Social. Aseguró, además, que fue a principios de abril cuando recibió una solicitud en este sentido de los servicios municipales. «Apenas quince días antes de la muerte de la mujer, con lo que no ha habido tiempo de responder», explicó el consejero Bascuñana. Es aquí donde surge la polémica, porque los servicios municipales ya pidieron una plaza de residencia en enero, aunque según Bascuñana no lo hicieron de manera correcta, porque no solicitaron un psicogeriátrico.
Polícia Social recuerda también que la mujer ya estuvo un tiempo en una residencia, en este caso en Jumilla, hasta que su familia decidió sacarla hace dos años y pedir la ayuda económica al cuidador. Los familiares tomaron la decisión en la Nochebuena de 2008. Bascuañana asegura que hubo informes favorables de servicios sociales. Pero empezaron los conflictos, porque la convivencia se demostró imposible, y la mujer abandonó la medicación. Los servicios sociales pidieron entonces la residencia.
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