Fuente: La Verdad
El Ayuntamiento defiende la legalidad de todo el proceso llevado a cabo para otorgar licencia de actividad para construir un centro comercial y una gasolinera en una parcela de la urbanización Altorreal que, según un acuerdo del Consejo de Gobierno regional de 2003, no está calificada para albergar este tipo de instalaciones porque está tipificada como equipamiento social y privado (EP-2), que no autoriza centros comerciales ni estaciones de servicio. Este es el primer argumento legal al que se aferran los vecinos para interponer, como han anunciado, un contencioso administrativo contra la concesión de la licencia.
Frente a este planteamiento y a la espera de las actuaciones judiciales, el alcalde, Eduardo Contreras, se ha limitado a señalar que el Ayuntamiento ha actuado con normalidad, de acuerdo a los informes de los técnicos, sobre los que deposita su confianza. El concejal de Urbanismo, José Antonio Carbonell, sostiene que el informe del Consejo de Gobierno regional es anterior a la aprobación del PGMO, de 2006, plan que al que se adhiere al área de planeamiento incorporado (API) de la zona afectada.
La parcela ha sido objeto de controversia a lo largo de la dilatada vigencia de los planes parciales El Montañal, Los Marzos y Altorreal. Ya en 1991 se trató de cambiar su calificación, sin amparo jurídico, y la siguiente modificación se aprobaría definitivamente el 30 de agosto de 2002. Sobre la base de esta modificación los técnicos municipales sustentan la calificación de la parcela como CC-2 y, por ende, la legalidad del uso «estación de servicio» sobre la parcela. El PSOE, que ha apoyado diversas iniciativas llevadas a cabo por la plataforma 'No a la gasolinera de Altorreal', ha anunciado que solicitará por tercera vez ante el Pleno la paralización de la licencia.
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