Molina de Segura: La oposición no logra frenar en el Pleno la gasolinera de Altorreal

Fuente: La Verdad

El alcalde se aferra a los informes de la secretaria y del arquitecto para rechazar la petición de suspender la licencia

Misterio, interés general, vicisitudes o chapuzas… son algunas de las expresiones que los portavoces políticos utilizaron ayer en el debate sobre la legalidad o no de la licencia otorgada a la empresa que construye una estación de servicio en la urbanización de Altorreal, gasolinera que probablemente surtirá miles de litros de combustible mientras se espera a que el juzgado resuelva sobre el contencioso administrativo que la entidad urbanística ha presentado contra dicha licencia.

El alcalde y sus catorce concejales del PP mantienen que la licencia se ha otorgado conforme con lo dispuesto en la legislación vigente y Eduardo Contreras, con el apoyo de todos sus concejales, se aferró a los informes emitidos por la secretaria general y por un arquitecto municipal para rechazar la propuesta conjunta de los cuatro grupos de la oposición, que pedían su suspensión. «Tratando de justificar lo injustificable, el Ayuntamiento se hunde cada vez más en el fango», advierte la asociación 'No a la gasolinera de Altorreal' en un comunicado.

Esta asociación, junto a la entidad urbanística y los diez concejales de la oposición -aunque ayer faltaron una edil del PSOE y el portavoz de Ciudadanos- afirman que la parcela donde se construye la gasolinera está calificada como EP-2, equipamiento privado que no permite ese tipo de instalaciones. El PP dice que la parcela es CC-2, es decir, centro comercial y otros usos, entre ellos la instalación de suministros de productos petrolíferos a vehículos.

El alcalde, aludiendo al informe del arquitecto, dijo que deben considerarse las «vicisitudes» de la parcela y defendió que desde el PGMO de 1985 ha tenido esa calificación y nunca se ha adoptado acuerdo de modificación. Sin embargo, la oposición, en concreto el portavoz socialista, Antonio Gomariz, argumentó que la propietaria del terreno, Urbis en aquel entonces, solicitó licencia con la identificación de la parcela como EP-2, que los técnicos municipales informaron bajo las condiciones de la ordenanza EP-2 y que, incluso, la Junta de Gobierno, en enero de 2007, concedió licencia de obras sobre la parcela EP-2. Lo que el primer edil llamó «vicisitudes», Gomariz lo calificó como «chapuzas» y de ahí que, al final, pidiera una comisión con representantes municipales y de la Comunidad para depurar responsabilidades, si las hubiera.

Responsabilidad autonómica

Del mismo modo, la portavoz de UPyD, Encarna Hernández, preguntó al alcalde si conocía el acuerdo del Consejo de Gobierno regional de 2003 que determinaba que dicha parcela era EP-2. El alcalde dijo que sólo conoce los informes favorables a la concesión de los técnicos municipales. En cuanto al cambio de determinación en la ficha API Altorreal, Contreras considera que la responsabilidad es de los técnicos de la Comunidad Autónoma, que es la que aprueba definitivamente el Plan General.