Fuente: La Verdad
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ampara en dos sentencias para pedir un alquiler social para esta familia
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca volvió a frenar el segundo intento de desahucio a un matrimonio con seis hijos que viven en un cuarto piso de un viejo edificio del barrio de San Roque. No hubo desalojo, pero sí cierto desconcierto porque, inicialmente, un representante de una plataforma de Orihuela, junto a amigos de los inquilinos, explicó que había mediado con la entidad financiera, Banesto, para conseguir una moratoria de unas tres semanas a cambio de que Hassan y su familia entregaran una copia de las llaves, comprometiéndose a no resistirse llegado el momento de poner en subasta la vivienda y con una opción remota de alquiler.
Sin embargo, el acuerdo no convencía ni reportaba muchas garantías a los actuales inquilinos y así lo entendió una mayoría de las sesenta personas de la plataforma que, desde las nueve de la mañana, estaba concentrada en la puerta del edificio para evitar que los agentes judiciales ejecutaran la orden de desalojo. «Lo único que pretendían era evitar la foto del desahucio y de la represión a la gente que está defendiendo el derecho de las personas», señaló Paco Morote, portavoz de la plataforma.
Disconforme con ese acuerdo, «aprovechándose de que Hassan casi no habla español», dijeron los manifestantes, Morote y otros miembros de la plataforma se marcharon al juzgado de Molina para negociar y se resolvió que no se iba a practicar el desahucio.
«Extrema necesidad»
Los representantes de la plataforma se amparan en dos sentencias judiciales -de Torrejón de Ardoz y Elche- que han obligado a entidades bancarias a alquileres sociales, a un módico precio, al tratarse de un caso de «extrema necesidad», según Morote, porque en la vivienda reside una familia de ocho miembros en la que, a fecha de hoy, nadie tiene trabajo. Además, informó que la mayor parte de los 28.000 euros que debe la familia a Banesto corresponden al procedimiento judicial y no a la deuda. Por tanto, la plataforma se comprometió a realizar una petición al juzgado en ese sentido, tal y como se acordó durante la negociación.
Pese a ello, una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional se personaron a media mañana en la puerta del edificio, con la intención de hacer entrega de un requerimiento judicial, pero los integrantes de la plataforma lo impidieron, alegando que ya habían formalizado la mencionada solicitud. Por esta razón, los activistas de la plataforma estuvieron en guardia toda la mañana para evitar «sorpresas de última hora» y consiguieron paralizar el desahucio número 52 en la Región, según remarcó Morote. La plataforma logró también frenar el desahucio de una mujer de nacionalidad ecuatoriana y de sus cuatro hijos en Las Torres de Cotillas.En lo que llevamos de 2012, la PAH ha detenido tres desalojos, pero ayer no pudo evitar un cuarto, en Las Torres de Cotillas.
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