El ex alcalde de ceutí Hurtado declara hoy por el caso del pabellón deportivo

La Verdad Digital

El ex alcalde de Ceutí y actual senador Manuel Hurtado comparece hoy ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Molina como imputado en un presunto caso de prevaricación administrativa en la adjudicación de las obras de construcción de un complejo deportivo en el municipio en el año 2003. En concreto, se trata de la adjudicación de la construcción del polideportivo José Antonio Camacho, por un importe de 1.883.263,85 euros.

Hurtado, cuya condición de senador le hace aforado y sólo juzgable por el Tribunal Supremo, comparece ya que este tribunal exige antes de hacerse cargo de la instrucción que se dilucide la existencia de algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a la imputación. Por ello, el titular del Juzgado de Molina deberá primero apreciar «que existan indicios racionales de criminalidad contra el aforado», según fuentes judiciales.

Además de la toma de declaración a Hurtado, el Juzgado recepcionará varios documentos oficiales del Ayuntamiento de Ceutí que podrían apuntalar la acusación contra el ex alcalde, entre ellos, la certificación de existencia de un crédito anterior a la celebración del contrato para la construcción del pabellón y varias actas de las Juntas de Gobierno Local, así como el acuerdo por el que se aprobó el pliego de condiciones y la copia del proyecto técnico.

Hurtado afirmó en abril que «los alcaldes no redactamos los contratos ni somos técnicos, sólo firmamos», y señaló que «debe haber alguien con mucho interés en este asunto, después de que el juez archivara la querella y la Fiscalía recurriera la decisión». El que fue durante 28 años alcalde de Ceutí añade que «no pude cometer prevaricación porque a mi nadie me ha hecho advertencia de ilegalidad del contrato, ni el interventor, ni los servicios jurídicos».

Los hechos se remontan a mayo del 2007, cuando dos miembros del PP presentaron una querella criminal contra Hurtado , por «presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación» de la obra.