Los afectados cuestionan la legalidad del proyecto de modernización de regadíos, distinto al aprobado por el Heredamiento en el año 1998
Si las expropiaciones previstas por el proyecto de regeneración del Segura han levantado ampollas, como publicaba recientemente La Verdad, un proceso similar se ha iniciado con los ánimos caldeados en relación con las expropiaciones para la modernización de regadíos de la Vega Alta (Ojós-Contraparada), que afecta a un total de 340 parcelas de Archena (50), Molina de Segura (180) y Lorquí (110).
En concreto, la Asociación en Defensa de los Intereses del Heredamiento de Regantes de Molina de Segura ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que paralice el expediente de expropiaciones «hasta que no se clarifique en su totalidad la legalidad del mismo». Las convocatorias para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de modernización de los regadíos de la Acequia Mayor se llevaron a cabo el lunes y el martes en Archena, mientras que en Molina comenzaron ayer y se prolongarán hasta el día 13 en el centro Las Balsas. En Lorquí se efectuarán del 18 al 21 de este mes.
Los citados en Molina adjuntaron ayer al acta un escrito de alegaciones, promovido por la referida asociación, en el que, además de pedir la paralización, ponen de manifiesto que la expropiación se realiza en el desarrollo del Plan de Modernización de Regadíos «del que, como miembros del Heredamiento de Regantes, no tenemos constancia de la aprobación legal del proyecto», indica el referido escrito.
Añaden que se oponen a la valoración asignada a la superficie que se pretende expropiar, solicitando en su día el justiprecio correspondiente, «tanto a la superficie expropiada como a la valoración de los cultivos existentes y lucro cesante si lo hubiera, así como el importe de los daños y perjuicios que se deriven de la expropiación».
Las obras encargadas por el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) contemplan, sin coste alguno a los regantes, la sustitución de los viejos sistemas de riego por una moderna red de tuberías de presión que permita el riego localizado a partir de cuatro embalses reguladores. Se trata de unas obras distintas a los trabajos de distribución de tuberías encargados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seisa), que tanta controversia han suscitado entre los propios agricultores.
Acuamed, ajena a las disensiones y debates internos de los regantes, está conociendo ahora las alegaciones de los afectados y por ello la responsable de la empresa en la Región, Dolores Ortuño, ha convocado para este mediodía una reunión con la asociación para que sus representantes le expliquen los pormenores de sus reivindicaciones.
Acuerdos nulos
El presidente y secretario de dicho colectivo, Fulgencio Fernández y Juan Alcaide ya pusieron en conocimiento de la CHS el pasado 30 de octubre que las obras «no se corresponden bajo ningún concepto con las que se aprobaron en 1998». El abogado del colectivo de regantes también se dirigió al presidente de la CHS para interponer un recurso extraordinario de revisión contra los expedientes por «nulidad de los mismos».
El letrado afirma en su escrito que el presidente del Sindicato de Riegos, «que no ostenta la representación del Heredamiento, es el que se ha arrogado la representación en todos los expedientes». Agrega que él "no forma parte de la Comunidad de Regantes porque no posee tierras con derecho a riego dentro del heredamiento». También afirma que la ampliación de la superficie de regadíos no ha sido aprobada legalmente, según los estatutos del propio órgano de los regantes.
El representante legal de estos regantes reclama que se declaren nulos los acuerdos presuntamente adoptados en relación con el Plan de Modernización de Regadíos y que se paralicen las obras que se llevan a cabo en el marco de dicho plan, por no ajustarse a las aprobadas por el Heredamiento.
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